Peppo decidido a tomar el toro fiscal por las astas y dispuesto a jugar fuerte

El Chaco tiene facetas que parecen contradictorias cuando trascienden al plano nacional por un logro cultural de envergadura como la 30ª Bienal Internacional de Escultura en Resistencia y suma una manifestación multitudinaria de jinetes, como no se conoce otra en el país, que acaban de llegar a la ermita de San Pantaleón, en el parque provincial de Pampa del Indio, sumando 23 años consecutivos, pero al mismo tiempo se desestabiliza por los primeros embates de una fuerte recesión que responde al acuerdo madre con el Fondo Monetario Internacional y variables nacionales de elevado costo social, de tal envergadura que llevan al Estado provincial, irreemplazable en el empleo público y proveedor de una serie de servicios, a una encrucijada fiscal que bien se puede calificar como ajuste, que no tiene vías de escape que no sea un esfuerzo compartido, sin especular sacando tajadas sectoriales y donde los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial asuman en serio la responsabilidad institucional de que todo se mantenga a flote con la incertidumbre de lo que resta de 2018 y ni hablar del stock de recortes en las provincias para el 2019.

Si arrastró algunos titubeos en otros momentos, hoy el gobernador del Chaco ha formulado una evaluación a fondo del escenario económico, social y político, asumiendo la decisión de tomar el toro por las astas.

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Su primer paso consistirá -entre hoy o mañana, lo que adelantó este diario a mitad de semana- en un proyecto de ley que establece un tope de emergencia de 12 sueldos mínimos para el volumen de altísimas jubilaciones que acumula el sistema provincial, cuyo déficit es un agujero negro año tras año para la tesorería provincial. Oscar Peppo ha declarado que pretende que se autorice la emergencia por un año y tal vez con margen para uno más, convencido de que esos montos “a la Suiza” no podrán mantenerse sin riesgo de que se derrape en la imposibilidad de mantener el pago.

El segundo semestre ha comenzado con señales duras para provincias sin autonomía como otras con regalías petroleras u otras fuentes de ingreso, a tal punto que para cancelar obligaciones de corto plazo esta semana el Chaco se sometió al mercado de capitales donde terminó pagando intereses por encima del 47 por ciento, lo que ha bloqueado incursionar con el monto mayor de los 4.200 millones del crédito público autorizado.

Para el 15 de septiembre la Nación debe enviar estimaciones de ingresos para el presupuesto 2019 que Peppo deberá elevar el 30 del mes de la primavera a la Legislatura. Que será deficitario, como todos los anteriores de su gestión, es inevitable sin airbag posible.

La encrucijada es para todos

Aunque los nombres no se dieron de suculentos ingresos, el contador Juan Ozich, expresidente del Banco del Chaco, publicó en NORTE y documentó su intento de que, al eliminarse el tope jubilatorio con la ley 7.820 que considera perversa -la misma que ataca la Atech con amplios fundamentos-, se corrigiera la que califica como “desmesurada liquidación”. A pesar de estar enterada de la reacción del gobernador de establecer un régimen de emergencia, la conducción del Insssep no arriesgó nada, le adjudicó todo al destape votado en la Legislatura y previno que ocurrirá un estallido de medidas cautelares, tal como soporta el organismo en materia de sus servicios previsionales y aún de la obra social, cuya reseña sería tan amplia como en otras áreas del Estado. En la Fiscalía nos citaban casos como una madre que reclamaba porque al no estar al día con el arancel, un colegio privado no quería darle el pase a su hija, o esas medidas cautelares concedidas para objetar calificaciones en exámenes.

Es de suponer, por ejemplo, que después de la Feria Judicial se dará alguna información aclaratoria sobre la composición de ingresos de miembros del Superior Tribunal y magistrados que aparecen en las columnas jubilatorias, pero no será sencillo que el gobernador encuentre respuestas en un sistema corporativo que incluye a esos jueces generosamente amparistas y también a los que eluden corregir excesos de orden público, como el roce de las últimas horas entre el Ministerio de Gobierno y la Justicia de Sáenz Peña acerca de la obstrucción liderada por Raúl Castells frente al Hotel Gualok, cuya administración está ahora en manos de Lotería Chaqueña a la espera de un nuevo operador (sin omitir que la adhesión a la ley de ART contra la industria del juicio laboral, tan reclamada por las entidades empresarias, ya tiene objeciones de los profesionales del derecho).

No sólo se trata de jubilaciones

Hay gente que aprendió a reconocer que con el aumento de precios y el desabastecimiento de combustibles, un viaje al interior necesita previsiones de un tanque que permita llegar y volver.
Peppo anunció que lo que se ahorre en la emergencia se volcará a la atención de las graves necesidades alimenticias, jaqueadas por el invierno que no cede, en la enorme red de comedores escolares. Y le toca a los intendentes la presión social de los sectores más debilitados. En Resistencia, Capitanich ya suma 45 merenderos a los que acuden unos 5.000 chicos, del mismo modo que suma unas 70 personas que dormían en las calles y han sido albergadas.

El gobernador no esconde que el problema de 49.000 sueldos docentes y la presión de casi 17 sindicatos que viven vaciando escuelas con paros de 24, 48 o 72 horas, que no los llevarán a nada porque los recursos no están, es el otro flanco de la crisis fiscal donde julio terminará cancelando haberes y nada más.

La tarifa social energética

Lejos de omitir el desnivel al que se ha llegado en la propia estructura del Poder Ejecutivo, donde abundan funcionarios que duplican fácilmente lo que percibe un ministro, lo que implica también algún ordenamiento con la misma equidad que las provincias piden ante el ajuste del FMI, la situación tiene otras aristas explosivas.

Incluye el riesgo latente y costoso de que la tarifa social de Secheep colapse si la refinanciación con la mayorista Cammesa no se cierra pronto. La “deuda vieja” hasta el 2017, de 1.500 millones, se reprogramó en 72 cuotas pero hay 2.300 millones impagos del primer semestre de 2018, teniendo en cuenta que la boleta nacional está en 400 millones mensuales.

Esa tarifa social implica 46 millones mensuales que la Nación no reconoce y de la cual dependen 50.000 usuarios que hasta 300 Kv no pagan nada y aparecen otros beneficiarios, unos 40.000, de los asentamientos metropolitanos, que deben ser aceptados por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.

El resumen nos dice que el Chaco atravesará en lo que resta del año por un desfiladero peligroso, teniendo en cuenta que la dimensión del Estado, su obligación prioritaria de atender gastos corrientes y de ayudar a que el empleo privado subsista, pese al sinceramiento consumado de que la Nación no enviará fondos para viviendas y que la presión tributaria, la inflación, la caída del consumo y tasas de interés exorbitantes sean un cerco implacable para sostener fuentes de trabajo.

La razonabilidad, la verdad de que el barril sin fondo no existe y que el privilegio del empleo estatal alcanza niveles irritantes, serán elementos claves para que todos los sectores políticos se notifiquen de que estamos con el agua al cuello y que con aciertos y errores el gobernador se planta en el centro de la escena. Podrán taponarlo con los bastiones de la legalidad arraigada, pero no se apagará la sirena -como en los primeros tiempos de NORTE- que está sonando para propios y extraños, para instar con espíritu chaqueñista cabal a una reacción colectiva y constructiva antes de que sea demasiado tarde.

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